El día 7 de agosto de 1968, se publicó la Ley N°16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que dio institucionalidad a las organizaciones sociales. Además, recordamos la instauración de este día que se remonta a 1998 donde -vía decreto de ley- se ratifica este reconocimiento a la labor de las y los dirigentes sociales, vecinales y comunitarios de todo el país.

La instauración del Día del Dirigente Social  -establecida durante el mandato del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle- busca ratificar el reconocimiento profundo  a la labor de las y los dirigentes vecinales y comunitarios de todo el país.

Cada 7 de agosto, pese a no estar marcado de manera particular en ningún calendario, constituye una jornada especial para miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, que comparten el orgullo y la vocación de ser servidores públicos anónimos, en su condición de dirigentes sociales comprometidos con el desarrollo y el progreso de sus entornos y comunidades.

En efecto, el 7 de agosto se celebra el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario. La fecha escogida no podía ser más propicia, ya que un día 7 de agosto, pero de 1968 –durante el mandato presidencial de Eduardo Frei Montalva y en el marco de su política de Promoción Popular- se publicó la Ley N°16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que supuso un notable estímulo al desarrollo del tejido asociativo en el mundo popular.

Antes de la promulgación de esa ley y producto de la pobreza existente en las grandes ciudades, sobre todo por las consecuencias de la progresiva  migración campo-ciudad, se habían configurado asentamientos urbanos precarios, producto de las tomas de terreno de un incipiente movimiento de pobladores que pujaba por su derecho a una vivienda digna.  Durante la década de los años 60 crece con fuerza el objetivo político de la institucionalización de sus organizaciones naturales y por tanto, la exploración de formas de articulación con el Estado.

El debate se traslada al parlamento, donde se registran iniciativas como una moción del senador Radomiro Tomic (ya en enero de 1963), que planteaba el reconocimiento legal de las juntas de vecinos –hasta entonces entidades de hecho-, así como la expropiación de predios urbanos en los cuales los pobladores estuviesen asentados en forma irregular. Después, un proyecto del gobierno de Frei Montalva enriquece la iniciativa, pasando de 18 artículos a un total de 64, entregando a las Juntas de Vecinos facultades de representación en el territorio llamado Unidad Vecinal, pudiendo organizarse hasta el nivel nacional.

El consenso de las distintas fuerzas políticas de la época quedó sellado en la promulgación de la ley un 7 de Agosto de 1968. Mientras, el movimiento poblacional ya no solo se encaminó hacia la vivienda: ahora también su preocupación estuvo en el desarrollo comunitario, el empleo, el deporte y la cultura popular, énfasis que también fueron previstos en al articulado, extensivo a la noción de “demás organizaciones comunitarias”.

Fuente: dos.gob.cl