26 de agosto de 2024
Conocidos los antecedentes recientemente en que Contraloría General de la República (CGR) concluye en el Informe Final 9 de 2024, que tanto el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) no cumplieron con su rol de fiscalizar y sancionar las concesiones salmoneras que incurrieron en causal de caducidad según lo establece la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Desde mediados de 2022 que diversas organizaciones venimos informando y denunciando públicamente en medios de prensa, además en comisión de pesca y acuicultura de la cámara y a parlamentarios de nuestras regiones, la grave situación de cientos de concesiones salmoneras en condición de ilegalidad (causales de caducidad) y que no fueron informadas ni cursada la caducidad por los organismos competentes aquí señalados, y considerando que esta escandalosa situación al interior de la institucionalidad pública no ha sido investigada ni sancionada por ningún otro estamento público, ni entregado los antecedentes al Ministerio Público, por lo que se generan legítimas dudas de corrupción, colusión y delitos dentro de estos organismos para permitir la operación de concesiones salmoneras que debían haber sido castigadas con la caducidad.
Cabe recordar que este caso se suma a las decenas de salmoneras que incurrieron en procesos de sobreproducción ilegal de biomasa de salmones, donde no se generaron sanciones, existiendo legítimas dudas de que existiría un modus operandi, para blindar las concesiones salmoneras que se encuentran hipotecadas en bancos nacionales e internacionales, una especie de silencio u omisión con complicidad de Sernapesca y Subsecretaria de Fuerzas Armadas. Además de decenas de casos de salmoneras que operan sin resoluciones de calificación ambiental con producción de salmón que exceden los límites declarados en sus proyectos técnicos, constituyendo esto un caso de elusión ambiental a gran escala no detectada por la Superintendencia de Medio ambiente.
Mencionar que esto se suma a que Contraloría ya manifestó similares situaciones con respecto a SERNAPESCA en informes 335 del 2019, 210 y 211 del año 2016.
Por todo lo señalado en este comunicado, las organizaciones exigimos:
1.- La salida inmediata del Subsecretario de Fuerzas Armadas Galo Eidelstein
2.- La salida inmediata de la directora nacional de SERNAPESCA María Soledad Tapia
3.- La salida inmediata de la subdirectora de acuicultura de Sernapesca Mónica Rojas
Una intervención urgente de los mecanismos de coordinación, fiscalización y sanción entre Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Superintendencia de Medio Ambiente y Sernapesca, para detectar de manera ágil y oportuna: elusiones ambientales, sobreproducción y caducidades de concesiones.
Finalmente hacemos un llamado al Gobierno del presidente Boric a incorporar estos elementos de manera rigurosa en la nueva Ley de Acuicultura que el gobierno está elaborando, de manera de impedir la especulación y el despojo de la soberanía del mar chileno y la sistemática ocurrencia de daños y/o delitos ambientales de la industria salmonera a los ecosistemas del país, que constituyen patrimonio de toda la nación.
Adhieren:
Cac de Dalcahue (Chiloé-Los Lagos)
Cac de Castro (Chiloé-Los Lagos)
Comunidad Muchulla Natri bajo Molulko (Chiloé-Los Lagos)
Agrupación Aitué Huillinco (Chiloé-Los Lagos)
Comunidad Cacique Pairo de Apeche (Chiloé-Los Lagos)
Grupo de trabajo DDHH y proyectosde energía (Chiloé-Los Lagos)
Minga Chiloé de Castro (Chiloé-Los Lagos)
Defendamos Chiloé (Chiloé-Los Lagos)
Comunidad indígena Pu Wapi (Guaitecas-Aysén)
Comunidad indígena Islas Huichas (Aysén)
Comunidad indígena Fotem Mapu (Aysén)
Fundación Ayciencia (Aysén)
Sindicato pescadores n 3 (Islas Huichas-Aysen)
Modatima (Punta Arenas-Magallanes)
Fundación Lenga (Magallanes)
Comunidad kawésqar nómades del mar (Magallanes)
En la Región de Magallanes avanzan los trabajos de la fase de estudios correspondientes a dos proyectos de infraestructura de hidrógeno verde, iniciativas enmarcadas en acuerdos suscritos por la estatal Enap y la pionera en e-fuels HIF Global y otros actores del sector privado.
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