31 de marzo de 2025
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Paola Matus, líder de Territorios Resilientes de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, abordó la situación hídrica en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, destacando la urgencia de tomar medidas ante la creciente escasez de agua.
Matus explicó que, si bien Magallanes no suele estar en el centro de la crisis hídrica nacional, hace dos años la región fue declarada por primera vez como zona de escasez hídrica. A diferencia de otras zonas del país, en este territorio el problema no radica en el consumo humano o la sobreexplotación, sino en las alteraciones en los patrones de temperatura y precipitaciones, consecuencia directa del cambio climático.
El déficit de lluvias ya ha impactado la agricultura y la ganadería, y la Dirección General de Aguas (DGA) ha calculado que cerca de 20 mil personas han sido afectadas, principalmente en San Gregorio, Última Esperanza y el norte de Tierra del Fuego.
Durante la conversación, Matus presentó los principales hallazgos de la Radiografía del Agua, un estudio realizado por Fundación Chile con apoyo de Corfo, que analizó la disponibilidad hídrica en la región. Entre los resultados, destacó la importancia de los ecosistemas como las turberas, que funcionan como reservas de agua y sumideros de carbono, pero que están en riesgo debido a la intervención humana y los cambios en el clima.
Otro desafío identificado es la predominancia de fuentes de agua superficiales en Magallanes, a diferencia de otras regiones donde el agua subterránea actúa como reserva en tiempos de sequía. Esta condición hace que el territorio sea aún más vulnerable ante la crisis climática.
Actualmente, los datos de este estudio están sirviendo de base para la co-construcción de estrategias hídricas en Porvenir y Puerto Natales, en un proyecto desarrollado por Escenarios Hídricos 2030 y financiado por Corfo.
Se trata de 87 iniciativas, equivalentes a $1.6 billones ($1.600.000.000.000), que consolidan el Plan como política de Estado y no como propuesta excepcional.
Se trata de 87 iniciativas, equivalentes a $1.6 billones ($1.600.000.000.000), que consolidan el Plan como política de Estado y no como propuesta excepcional.