SEREMI DE JUSTICIA DESTACA IMPORTANTE AVANCE DE PROYECTO DE LEY QUE PENALIZARÁ TENENCIA DE CELULARES EN CÁRCELES

El año pasado, Gendarmería decomisó cerca de 31 mil aparatos telefónicos en incautaciones periódicas o allanamientos en recintos penitenciarios a lo largo del país, y en lo que va del año han sacado de circulación 14.588 teléfonos móviles, elementos que permiten cometer delitos en forma remota como estafas telefónicas, amenazas o extorsión. De ahí la importancia que revistió ayer la aprobación, por parte de la sala del Senado, del proyecto de ley que penaliza la tenencia de celulares, chips y otros aparatos de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios.

Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, al mencionar que la ratificación hecha por el Congreso Nacional deja a esta iniciativa a un paso de convertirse en ley, lo que se traduce en un avance relevante en la agenda de seguridad priorizada del gobierno y el combate contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios.

Ante la preocupación existente en la ciudadanía respecto a la comisión de delitos desde las cárceles a través de teléfonos celulares, señaló que dicha irregularidad estaba sancionada hasta ahora como una falta administrativa, y a partir de este proyecto de ley que modifica el Código Penal se pasará a tipificar como delito la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a los reclusos comunicarse con el exterior, incorporando penas para quienes tengan en su poder estos aparatos en unidades penales.

Durante su intervención en la Sala, el Ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero Vega, destacó que “tanto para el Ejecutivo, como para este Parlamento, es esencial este proyecto de ley, porque constituye una herramienta fundamental para los temas de seguridad penitenciaria”.

Como complemento al proyecto de ley recién aprobado, desde el Ministerio de Justicia y DD.HH. se ha avanzado en estrategias para impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos móviles o Wifi) no autorizadas, evitando así la estafa o extorsión desde el interior de las cárceles.

Claves de la nueva ley:

1. Prohibición de tenencia de aparatos electrónicos no autorizados al interior de los Centros Penitenciarios, como celulares, chips, intercomunicadores, etc.
2. Penalización del delito: a partir de la promulgación de la ley, el delito considera penas que van desde los 541 días hasta los 3 años y un día de cárcel.
3. Obligación de la denuncia: los funcionarios públicos que detectan la tenencia no autorizada de elementos electrónicos en las cárceles, deben realizar la denuncia, arriesgando penas de presidio (de 61 días a 540 días) e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, del cargo u oficio.