17 de enero de 2025
Este lunes 13 de enero, y tal como lo establece la ley, se inició formalmente la segunda etapa de puesta en marcha del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con su llegada a las regiones del sur comprendidas entre Maule y Magallanes.
En la región se han realizado diversos hitos a fin de dar inicio al nuevo servicio, es así que el lunes 13 de enero a las 00.00 hrs., se dio la bienvenida en una pequeña ceremonia, realizada en el Centro de Cumplimiento de Reinserción Juvenil de Río de los Ciervos ubicado en Punta Arenas. La solemnidad estuvo encabezada por el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado.
Así también, el día 13 de enero a las 08:30 hrs., se plantó un árbol a la entrada del Centro de Cumplimiento de Reinserción Juvenil a fin de simbolizar la iniciación de esta nueva etapa. La actividad fue presidida por la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado y el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado.
Igualmente, el día 14 de enero a las 11:00 hrs., se realizó un encuentro con el organismo acreditado Corporación Opción, que se encarga de brindar atención a adolescentes que deben cumplir con medidas o sanciones en el medio libre (en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente), representado por la Directora Regional, Lilian Salazar Vidal.
Asimismo, el día 16 de enero a las 11:00 hrs., se celebró un acto ecuménico en el Centro de Cumplimiento de Reinserción Juvenil de Punta Arenas, que contó con la presencia del Vicario de Iglesia Católica de Magallanes, Pbro. Fredy Subiabre Matiacha, y el Capellán Evangélico Regional de Gendarmería de Chile, Pastor Daniel Díaz Nauto.
Hoy viernes 17 de enero a las 11:00 hrs. se inauguró una placa con el logo institucional del servicio en la Dirección Regional de Reinserción Social Juvenil. Este hito de implementación en la región fue encabezado por el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, el Director Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado y Directores Regionales del sector justicia y representantes de los organismos acreditados. En la ocasión, se compartió un saludo oficial de la Directora Nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez.
La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, destacó que el Estado asuma una deuda como sociedad que dignifique y resignifique la situación de aquellos adolescentes que han infringido la ley. Esto, de la mano de un nuevo servicio que, como piedra angular de un sistema de Justicia Penal Juvenil, “busca no sólo sancionar, sino también rehabilitar y reintegrar socialmente a las y los jóvenes: porque sabemos que detrás de cada medida hay una historia, una vida que merece ser escuchada y guiada hacia un futuro lleno de oportunidades”.
César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, manifestó que “tenemos el mandato de trabajar de forma personalizada con las y los jóvenes, lo que implica conocer su territorio, su contexto, su historia. El desafío es cómo este servicio puede intervenir con jóvenes de una complejidad más baja, ofreciéndoles una serie de herramientas educacionales y laborales, pero también cómo trabajamos con el grupo de quienes han cometido delitos más violentos y que requieren de un trabajo más específico aún”.
El servicio atiende a quienes al momento de tener un conflicto con la justicia tienen entre 14 y 17 años, y que son derivados por los tribunales para cumplir una medida cautelar o una sanción de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Cuenta con un nuevo modelo de intervención especializada para las y los jóvenes, que implica programas y articulaciones entre distintas instituciones estatales para brindar oportunidades a aquellos jóvenes que buscan hacer cambios significativos en sus vidas.
La instalación del servicio se diseñó en tres etapas, con el propósito de ir generando experiencia y fortaleciendo las relaciones entre las distintas instituciones que son parte del sistema de justicia juvenil. La primera etapa comenzó en 2024 con la implementación en la zona norte, sigue ahora con la puesta en marcha en la zona sur, y la etapa final será en enero de 2026, con la incorporación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, momento contemplado para el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Los principales cambios que incorpora el servicio se resumen en:
⦁ Modelo de financiamiento: Ya no es a través del sistema de subvenciones, sino que ahora se hace a través del sistema de compras públicas, que permite entregar los recursos necesarios a los organismos acreditados para que cumplan sus labores con altos estándares de calidad.
⦁ Servicio especializado: La atención es especializada y personalizada, ya que cada joven cuenta con un plan de intervención individual, que de acuerdo con organismos internacionales es la estrategia más eficaz para la reinserción. A su vez, aumentan la cantidad de profesionales en las regiones, lo que permite una mejor atención.
⦁ Trabajo estatal integral: El Estado en su conjunto, a través de distintos ministerios y servicios, tiene la obligación de asegurar el acceso de las y los jóvenes a las prestaciones que requieran para su reinserción, en áreas como educación, capacitaciones, salud y tratamiento del consumo problemático de alcohol y otras drogas, entre otras áreas prioritarias.
⦁ Mediación Penal Juvenil: permite que víctima y joven acuerden una forma de reparar el daño, guiados por un mediador, transformándose en una oportunidad para el aprendizaje y el cambio. Ya hay experiencias exitosas en el norte en esta línea.
⦁ Acompañamiento postegreso: Es una nueva herramienta donde el joven, en forma voluntaria, puede solicitar un proceso de acompañamiento una vez que haya cumplido su sanción para apoyarlo con los soportes que requiera, tales como redes en la comunidad, fuentes de ingresos o un lugar para vivir. Su duración máxima es de 6 meses, que es justamente un periodo particularmente crítico en los procesos de reinserción.
El convenio de patrullaje mixto permitió realizar 803 controles de identidad, 996 fiscalizaciones de arresto domiciliario, 933 controles vehiculares y se atendieron 74 denuncias.
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