La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, valoró como un histórico hito que el pasado viernes 10, tras su publicación en el Diario Oficial, se oficializara la implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), política oficial del Estado de Chile que tiene como objetivo avanzar en la búsqueda de verdad y justicia respecto de personas víctimas de desaparición forzada durante la Dictadura Cívico-Militar.

Al respecto, remarcó que este inédito instrumento aspira a esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero. Asimismo, garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Y, en otro aspecto relevante, implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

La autoridad regional reconoció un compromiso del Estado estrechamente vinculado con ayudar a curar las heridas que dejó un oscuro periodo en nuestro país, siendo uno de sus elementos centrales el tratar de reconstruir las trayectorias de cada una de las personas que fueron detenidas y hechas desaparecer, incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final.

El ministro Luis Cordero Vega señaló que «no solo hay un diagnóstico, no solo está el propósito, están los objetivos y las metas», destacó que a partir de ahora comenzarán a ejecutarse las acciones principales del Plan, en las cuales los familiares tendrán un gran rol activo en el seguimiento de esta política, siendo necesaria la mayor colaboración de todos y todas para poder cerrar de la mejor manera este proceso.

Plan Nacional de Búsqueda fue presentado al país el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Se reconocen 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada en Chile en dictadura. De este total, 307 personas han podido ser encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares, según cifras del Servicio Médico Legal. Aún 1.162 víctimas cuyo paradero y circunstancias de desaparición y/o muerte aún siguen pendientes de determinar.

Algunas de las medidas iniciales del plan son:

Instalación de la estructura de gobernanza del Plan Nacional de Búsqueda, lo que supone crear el Comité de Seguimiento y Participación, compuesto por representantes de familiares e integrantes de la sociedad civil.

Creación de la Mesa Operativa del Plan Nacional de Búsqueda, compuesta por los actores institucionales que participan en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura con la finalidad de coordinar las acciones del Plan y su nivel de ejecución.

Configuración de una Mesa Técnica de Archivos, que tendrá por finalidad identificar y acceder a los diversos acervos documentales que se encuentran en las instituciones del Estado.
Diseño de la plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, que servirá como una herramienta para el análisis y cruce de información de las bases de datos con apoyo de inteligencia artificial.

Coordinación permanente y prioritaria con los Ministros en visita extraordinaria para causas de violaciones a los Derechos Humanos.

Confección del primer catastro de sitios de interés para realización de trabajos de búsqueda en terreno y de identificación de víctimas en coordinación entre el Poder Judicial, Servicio Médico Legal y Programa de Derechos Humanos.