30 de enero de 2025
A varios días que estallara la polémica, este jueves, se reveló que en al menos tres reuniones entre junio y noviembre de 2024, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, junto con la entonces ministra Marcela Sandoval, advirtieron a la Presidencia sobre los riesgos políticos y comunicacionales de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La preocupación radicaba en que la operación beneficiaba a la titular de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, familiares directas del exmandatario, recogió Ciper Chile.
Según fuentes involucradas en el proceso, Sandoval manifestó estos reparos directamente al asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno. No obstante, la respuesta desde La Moneda fue que se trataba de un problema comunicacional que sería manejado por el Gobierno.
En ningún momento se abordó la posibilidad de que la transacción pudiera ser inconstitucional.
Alternativas
El Ministerio de Bienes Nacionales propuso alternativas, como la cesión o donación del inmueble, para evitar cuestionamientos. Sin embargo, no hay claridad sobre si estas opciones llegaron a ser consideradas por el gabinete presidencial.
A pesar de las advertencias, el 25 de noviembre de 2024 el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que autorizó la compraventa, y el 30 de diciembre se formalizó la transacción con un pago de casi mil millones de pesos.
La operación generó una fuerte reacción política, especialmente desde la oposición, como por ejemplo el Partido Republicano denunció el caso ante el Tribunal Constitucional, esto, porque la Constitución prohíbe que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado, lo que encendió el debate sobre la legalidad del acuerdo.
El caso derivó en una investigación penal por presunto fraude al fisco, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En este contexto, la ministra Fernández y la senadora Allende se acogieron a su derecho a guardar silencio, mientras que la extitular de Bienes Nacionales, que salió del cargo por esta polémica, declaró en calidad de imputada.
Fuente: adnradio.cl
Se trata de un condominio de 80 departamentos sin deuda, de 60 mt2, equipado con áreas verdes, una sede social de 80 mt2, estacionamientos y cierre perimetral.
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