2 de agosto de 2007
Un proyecto de ley del Gobierno enviado a la Cámara de Diputados, destinado a favorecer la asociación municipal, indica que en la actualidad no existe un reconocimiento constitucional que permita la existencia de las asociaciones de municipalidades como personas jurídicas, independientes de los municipios que las componen.
Ello les impide tener capacidad jurídica para desarrollar sus fines específicos, lo que constituye una seria limitación a su funcionamiento.
El texto recuerda que en los últimos años los gobiernos locales han generado un creciente movimiento asociativo.
Así, en 1993 se creó la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), institución que se ha constituido en un interlocutor nacional representativo de los municipios, tanto con el sector público, como con el privado.
Posteriormente se han conformado Asociaciones Regionales en las cuales participan los municipios de la región respectiva. Por otra parte, los gobiernos locales que comparten algunos aspectos caracterizados por elementos geográficos, históricos, productivos o turísticos comunes, han constituido asociaciones de carácter territorial.
Sin embargo, las asociaciones de municipalidades carecen de personalidad jurídica y tampoco disponen de patrimonio propio, ni pueden contratar personal bajo su dependencia jurídica y administrativa.
«Debido a dicha limitación y para poder realizar acciones, las asociaciones deben hacer uso de la personalidad jurídica correspondiente a la municipalidad del alcalde que lidera o preside la agrupación, con las correspondientes rotaciones que traen consigo los cambios a nivel directivo. Esto, a su vez, ha generado dificultades administrativas y contables», explica el texto.
La propuesta legal introduce una modificación en el inciso sexto del artículo 118 de la Constitución Política de la República, norma que regula las asociaciones de municipalidades. Para ello se incorpora, a continuación de la consagración constitucional de estas agrupaciones, la declaración de que podrán gozar de personalidad jurídica de conformidad a la ley.
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Ministerio de Energía de Chile firman con la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el alemán Banco de Desarrollo KfW un acuerdo para un programa de más de 200 millones de dólares.
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