LA ENCRUCIJADA DE LA ZONA FRANCA EN AYSÉN:

​La región de aysén ha sido históricamente reconocida por su aislamiento geográfico y las dificultades que ello conlleva para su desarrollo económico y social. En un intento por mitigar estas desventajas, en noviembre de 2004 se extendieron los beneficios de la Zona Franca en Punta Arenas a nuestra región, permitiendo la importación de ciertos bienes sin el pago de derechos e impuestos, siempre que se mantuvieran las restricciones correspondientes. Sin embargo, hoy los ayseninos nos enfrentamos a un problema que pone en entredicho la aplicabilidad y eficacia de este beneficio: la interpretación arbitraria del servicio de impuestos internos (SII) sobre la comercialización de vehiculos bajo este régimen.
El problema: Un estado que busca recaudar a costa de los habitantes de Aysén. En las últimas semanas, ha salido a la luz un conflicto entre el SII y dos empresas que operan en nuestra región, las cuales han sido acusadas de fraude al fisco por la venta de vehículos afecta a la zona franca que fueron comercializados en Aysén sin el cobro del impuesto al valor agregado (IVA). Según la postura del SII, dado que nuestra región no cuenta con un recinto franco propio, los vehículos vendidos en Aysén deberían haber sido facturados con IVA y no exentos de impuestos.

 
Esta decisión ha causado indignación y desconcierto entre los habitantes y empresarios de Aysén. Si nuestra región es reconocida como zona de extensión de la Zona Franca, ¿por qué deberiamos pagar impuestos por vehículos que, bajo el régimen franco, están exentos de ellos? Más preocupante aún es la implicancia de esta interpretación: para que un Aysenino pueda acceder al beneficio de comprar un vehículo sin IVA, deberia viajar hasta Punta Arenas, una travesia de 1.258 kilómetros, de los cuales 868 se recorren por territorio argentino con todos los costos y dificultades logísticas que esto implica.

 
Una decisión que atenta contra el desarrollo regional

 
Esta situación refleja un problema más profundo: la constante desconexión del Estado con la realidad de las regiones extremas. No es la primera vez que vemos medidas arbitrarias que perjudican a los habitantes de Aysén en lugar de beneficiarlos. En este caso, la interpretación del Sil no solo castiga a las empresas locales que han actuado en base a la normativa vigente, sino que también golpea directamente a los consumidores, quienes ven resfringido su acceso a un beneficio al que tienen derecho.

 
Más allá de la polémica legal, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿cuál es el verdadero beneficio de ser una zona de extensión de la Zona Franca si no se nos permite acceder a los productos en igualdad de condiciones que los habitantes de Magallanes? Si no se otorgan los mismos derechos y facilidades, la denominación de "extensión" se convierte en un simple rotulo sin impacto real en la economía local.

 
La falta de acción de nuestras autoridades

 
Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto es el silencio de nuestras autoridades. A pesar de que este problema afecta a toda la región, no hemos visto una reacción contundente por parte de nuestros parlamentarios o del gobierno regional. ¿Por qué no se ha solicitado formalmente la implementación de un recinto franco en Aysén? ¿Por qué no hay un pronunciamiento claro en defensa de los derechos de los habitantes de la región?
La creación de un recinto franco en Aysén es una solución lógica y necesaria. Esto permitiria que los Ayseninos puedan acceder a los beneficios de la Zona Franca sin tener que enfrentar los costos y dificultades de desplazarse hasta Punta Arenas. Además, impulsaría la economía local al generar nuevas oportunidades de inversión y empleo. Si nuestras autoridades realmente están comprometidas con el desarrollo regional, deberían tomar medidas concretas para garantizar que la Zona Franca beneficie efectivamente a Aysén.

 
El empresariado como chivo expiatorio de la ineficiencia estatal

 
Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, el Estado, en su afán de aumentar la recaudación fiscal, termina culpando y castigando al empresariado local en lugar de asumir su propia ineficiencia. Es fácil señalar con el dedo a las empresas que han operado en base a una normativa que nunca fue claramente definida, pero ¿quién se hace responsable de la falta de un recinto franco en Aysén? ¿Quién responde por las dificultades que enfrentamos los habitantes de la región para acceder a bienes y servicios en igualdad de condiciones?

 
El empresariado no puede seguir siendo el chivo expiatorio de las malas decisiones del Estado En lugar de perseguir a las empresas que han actuado conforme a la normativa vigente, el Sil y las autoridades deberían enfocarse en resolver los problemas estructurales que impiden que los beneficios de la Zona Franca lleguen realmente a los habitantes de Aysén

 
Conclusión: Exigimos soluciones, no excusas

 
Los habitantes de Aysén hemos demostrado una y otra vez que, a pesar de las dificultades, seguimos adelante con esfuerzo y determinación. Hacemos patria en una región con condiciones extremas, enfrentamos a diario los costos de vivir en un territorio aislado, y ahora nos encontramos con una nueva traba impuesta por la burocracia estatal.

 
No podemos permitir que se siga postergando una solución real para este problema. Exigimos que nuestras autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que los beneficios de la Zona Franca sean efectivos y equitativos. La implementación deUn recinto franco en Aysén no es un capricho; es una necesidad que debe ser atendida con urgencia.
El gobierno y los parlamentarios tienen la responsabilidad de actuar. Es hora de que dejen de buscar excusas y comiencen a buscar soluciones. Le idea es que esto lo presenta un actor político de Aysén.

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