LA CRISIS DE LA NIÑEZ TOCA LAS PUERTAS DE LA MONEDA: TRABAJADORES EXIGEN RESPUESTAS ANTE EL COLAPSO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Las y los trabajadores acusan fallas estructurales en el diseño e implementación de su servicio, así como una persistente negativa del Estado a asumir plenamente sus funciones legales. Esta omisión —afirman— pone en riesgo diariamente la integridad física y mental de la niñez más vulnerable de Chile.

Una de las voces que alertó sobre esta situación fue la de Paz Pérez, trabajadora social y presidenta provincial de ANFUSEPNA en Magallanes, quien expuso las condiciones en las residencias del sur del país.  “En Magallanes, las residencias administradas directamente por el Servicio están pensadas para un máximo de 12 y 15 niños. Sin embargo, hemos llegado a atender hasta 20. No podemos olvidar que se trata de niños gravemente vulnerados, que requieren atención especializada y constante”, señaló.

ANFUSEPNA ha advertido que en varias regiones del país el sobrecupo ha obligado a instalar camarotes en habitaciones y camas en espacios comunes destinados al estudio y la recreación. Aunque estas medidas aún no se han implementado en Magallanes, cada nuevo ingreso por sobre el tope afecta directamente la labor de los equipos y contradice el modelo de atención familiar. “Nuestros funcionarios no bajan los brazos, pero los niños pierden privacidad, seguridad, autonomía y atención, porque el sistema no fue proyectado para garantizar su bienestar ni el de quienes los cuidan”, indicó la trabajadora social.

En este contexto, casi un centenar de representantes de ANFUSEPNA se manifestaron frente a las oficinas del Servicio de Protección Especializada, en pleno centro de Santiago. A pesar de la convocatoria, el director nacional, Claudio Castillo, se negó a recibir personalmente a la directiva nacional y su petitorio. Ante esta negativa, la comitiva avanzó hasta el Palacio de La Moneda, donde Blanca Berrocal, presidenta nacional de la asociación, hizo entrega de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric. Desde ANFUSEPNA sostienen que esta falta de diálogo refleja el abandono institucional hacia los trabajadores y una descoordinación histórica con otros actores obligados por ley a participar en la protección de la infancia.

La dirigente regional agrega: “En Magallanes hay niños con necesidades que sólo pueden ser cubiertas por servicios como SENDA o Salud. Pero el Estado, incluyendo los tribunales, actúa como si nuestro empleador fuera el único responsable. Esto no sólo incumple el mandato legal, sino que obstaculiza el proceso reparatorio de los usuarios”. Con un diagnóstico claro, desde la asociación advierten que la carga que enfrentan los funcionarios se ha vuelto insostenible: “Puedes darlo todo como profesional, pero no puedes enseñarle a un niño a ser independiente y proyectarse como persona si enfrenta una adicción o si sus necesidades de salud mental no se atienden. Este Servicio es como un barco al que le piden llegar antes a puerto, pero que fue lanzado al agua sin mástil ni velas. Muchos miran desde la orilla, mientras los funcionarios remamos a pulso para llevarlo a destino”, concluyó.

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